Economista de profesión, alcalde y concejal de Hacienda desde hace ocho años, el socialista Manuel Vázquez decidió aportar su grano de arena a medida que las quejas de los empresarios iban creciendo desde el inicio de la crisis. La situación más dramática la plantearon las asociaciones de mejilloneros, que están tardando entre ocho y diez meses en cobrar lo que facturan. En torno al sector extractivo viven la mayor parte de los habitantes de A Illa, 4.981 vecinos, según el último censo. “Mucha gente lo está pasando mal por falta de liquidez y yo no tengo la estructura para llegar a las familias, pero los empresarios sí”, afirma el alcalde.
Vázquez está convencido de que la idea funcionará en pocos meses y se notará en el comercio local, lo que impedirá que muchos que se plantean ahora cerrar no lo hagan. Si todo el papeleo burocrático se resuelve con rapidez, el alcalde confía en que el crédito a medio y largo plazo comience a fluir a partir de febrero y a intereses base de cero euros. “Aquí no hay usura porque no somos un banco y este será un instrumento democrático en el que cada persona tendrá un voto”, apunta el regidor.
El equipo de gobierno isleño ha contado con los informes favorables del secretario y del interventor para desarrollar esta iniciativa, entre otras cosas porque no tiene déficit ni plan de ajuste que le limite económicamente. Un caso atípico en medio del escenario de quiebra que padecen la mayoría de las administraciones locales, lo que le ha permitido al gobierno isleño incrementar en 60.000 euros más su presupuesto para este año que se acaba de aprobar y que es 2,6 millones. Saneado, con un remanente positivo y con los pagos a proveedores al día, A Illa de Arousa ha cubierto prácticamente su cuadro de inversiones en obras de infraestructura por lo que puede permitirse este plan alternativo para ayudar a las economías domesticas, al menos en este ejercicio, y centrarse en otros asuntos también sociales como el Plan de Emprego. “Si unos reciben, los otros también, porque esto es un circuito que se abre en beneficio de todos”, asegura el alcalde.
Las asociaciones de empresarios y autónomos y organizaciones de productores han acogido con entusiasmo la iniciativa y lamentan que otras administraciones no puedan hacer lo mismo para evitar que la falta de crédito obligue a firmas solventes a cerrar sus puertas. Una de las más afectadas, la OPP-20 (Organización de Productores de Mariscos y Cultivos Mariños) de A Illa, ha estado al borde del colapso.
El pasado viernes se celebró la primera reunión entre ayuntamiento y todos los colectivos empresariales para dar un primer paso en la constitución de la cooperativa de crédito, que comenzará a operar en cuanto entren en vigor los nuevos presupuestos. Pero antes, habrá que analizar caso por caso las demandas que hay sobre la mesa y las peculiaridades de cada negocio para canalizar las ayudas y sentar las bases de funcionamiento y gestión del nuevo organismo. La caja de financiación local cuenta con el apoyo del BNG, pero no así del PP. Su portavoz, Juan José González, contradice al alcalde y cree que el Ayuntamiento "se está metiendo en un jardín que a ver cómo acaba, porque el dinero de todos los contribuyentes irá a parar más a un sector en concreto que a todos los vecinos”.
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